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El Gobierno central, impulsor de VPO en Málaga con un total de 3.132 viviendas

La declaración de zonas tensionadas como medida para frenar el precio de los alquileres sin disminuir la oferta, como se está llevando a cabo con éxito en Cataluña, otra medida que podría aliviar la situación

Los desayunos de La Opinión – visita el artículo

Gema Serrano, Julián Molina, Javier Salas, Susana Gómez de Lara y Juan Carlos Espejo. | ÁLEX ZEA

La situación límite que Málaga vive en lo referente a la vivienda, los factores que han provocado el agravamiento de esta situación, las actuaciones en materia de vivienda protegida, la aplicación, o no, de la Ley de Vivienda promulgada por el gobierno de la nación y el ejercicio de las competencias en esta materia por parte de las diferentes administraciones fueron, entre otros muchos más aspectos, objeto de debate en una nueva edición de los Desayunos de La Opinión de Málaga.

Acudieron a nuestra llamada Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, Susana Gómez de Lara, decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Juan Carlos Espejo, presidente de la ONGD Prodiversa; Gema Serrano, coordinadora de la empresa Adobe Verde y Julián Molina, profesor de la UMA.

Análisis

El debate se inició con el análisis sobre las actuaciones en vivienda protegida en los últimos años en Málaga y a quién corresponde asumir esa inversión. Javier Salas tomó la palabra para asegurar que el problema de la vivienda «es uno de los problemas más graves que tiene ahora mismo el país y sobre todo la ciudadanía en municipios como Málaga». El subdelegado del gobierno comentó que en los grandes municipios que crecen en población, «la vivienda es cada vez más costosa y es más difícil acceder a ella y, según la Constitución, es un bien necesario para todos los ciudadanos».

Salas ofreció el dato de las 3.132 viviendas de VPO en régimen de alquiler asequible que han sido proyectadas en Málaga por el gobierno de España desde el año 2018 a través de diversos planes (Estatal de Vivienda, Fondos Next Generation y SEPES) lo que eleva a la administración central como «la principal impulsora de vivienda protegida en Málaga con una inversión final que supera los 120 millones de euros». «Se trata del mayor esfuerzo inversor del gobierno de España en décadas, cuando las competencias en vivienda -subrayó Salas- no son del gobierno de España. Las competencias de vivienda, según el Estatuto de autonomía de Andalucía, son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía», subrayó.

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