Críticas
Salas criticó también el urbanismo imperante en Málaga y en toda la Costa del Sol que se basa sobre todo «en la especulación con los terrenos para hacer vivienda de renta libre para que la pague el mejor postor». «Este urbanismo del pelotazo -comentó el representante del gobierno de la nación en Málaga- ha hecho que la gente se vea expulsada de los grandes municipios de Málaga con una vivienda que ha pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un producto comercial».
La nueva decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, comentó que el problema de la vivienda en Málaga «es mucho más que un problema estructural». Para dimensionarlo, Gómez de Lara acudió a la estadística que dice que en Málaga una persona necesita más de un 40% del sueldo para poder sufragar su vivienda y aludió al incesante aumento de viviendas turísticas en las grandes capitales españolas, de las que Málaga no es una excepción, como una de las principales causas del déficit de viviendas. La decana de los arquitectos malagueños planteó soluciones «muy diversas, muy transversales y en distintas etapas, siempre desde el urbanismo». Y denunció la obsolescencia de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de todos los municipios más importantes de la provincia de Málaga.
El suelo
Por su parte, Juan Carlos Espejo, presidente de la ONGD Prodiversa, afirmó que el suelo, el único patrimonio que los ayuntamientos tienen como herramienta económica junto a los impuestos municipales, «ha marcado la política de vivienda desde hace muchísimos años», dijo. Espejo denunció que nuestro país «ha ido navegando durante muchos años sin consolidar un parque público de vivienda, que era una cuestión fundamental». Y ofreció el dato de que el parque público de viviendas en España es del 3,3%, seis puntos menos que la media europea que llega al 10% y abismalmente lejano del 32% que tienen los Países Bajos. El representante de Prodiversa señaló que en su organización trabajan en las denominadas viviendas asequibles, «porque incluso las VPO actuales tienen un recorrido en la protección muy corto, yendo a la especulación automáticamente a los 5, 6, 7 ó 10 años».
Gema Serrano también enfocó el problema de la vivienda desde un punto de vista social y de inclusión: «Nosotros trabajamos todos los días con los sectores más vulnerables de la sociedad. Hace tiempo el problema estructural de estas personas era la falta de trabajo, ahora, el problema es que no tienes vivienda incluso teniendo un salario bastante digno. La especulación va más allá, los propietarios se pueden permitir no seleccionarte como candidato o candidata apropiado para alquilar una de sus habitaciones simplemente por tu aspecto» (lo que se llama pasar el casting).
Julián Molina, profesor de la Universidad malagueña, definió vivienda en su primera intervención: «Un lugar donde vive alguien, un hogar». Y recomendó no hablar nunca de vivienda de uso turístico, «hablaría de establecimiento de uso turístico porque no es una vivienda», afirmó. Molino comentó que en Málaga, entre 2016 y finales de 2024, se han concedido más de 70 000 nuevas licencias de uso turístico, de vivienda de uso turístico. «Eso quiere decir que han retraído de una ciudad 70.000 viviendas para familias. Para que nos hagamos una idea, Málaga tiene un total de 230 000 hogares, pues 70 000 viviendas son el 30% del total de las casas», indicó.
Molina aseguró que estaría bien «una ley que impida comprar casas para hacer establecimientos de uso turístico» y señaló que Málaga se encontraba en los últimos puestos de España en el número de hipotecas (cuarta provincia por la cola) ya que las casas «no las compran los locales, las compran los que no son residentes», comentó.
¿Zonas tensionadas?
Javier Salas señaló que la Ley de Vivienda aprobada por el actual gobierno de coalición es la primera tras la instauración de la democracia en España y establece una serie de mecanismos para poner tope al precio de los alquileres (uno de los grandes problemas que sufre Málaga y todas las grandes capitales de nuestro país), como es la declaración de Zona Tensionada que ya se está aplicando, con éxito, en más de un centenar de municipios de Cataluña.
«Me pregunto por qué no se aplica esta medida en Málaga y Andalucía -dijo Salas- cuando en Cataluña las cifras indican que ha bajado de media el precio del alquiler un 3,7% y un 6,4% solo en Barcelona. Además la oferta no ha caído: hoy hay 17.000 viviendas más en alquiler que hace un año en toda la comunidad, 3.000 más si miramos la ciudad de Barcelona. Es una falacia decir que estas zonas tensionadas alejan las viviendas del mercado del alquiler», destacó.
Modelo alejado del actual
Gema Serrano apostó por trabajar en Málaga en un modelo urbano alejado del actual, muy dominado por la especulación, en el que la apuesta debe pasar, como se está haciendo en algunas zonas de Cataluña y en el norte de España (País Vasco) «como el cohousing, la vivienda cooperativa, que al final devuelve la economía a los barrios y devuelve el modelo antiguo de convivencia y que se puede compatibilizar con una visibilidad atractiva también de Málaga».
Para Susana Gómez de Lara, otra de las claves pasa por los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios, «que, aunque obsoletos en su mayoría, tienen sus reglas y no se han cumplido. Se mira para otro lado con la excusa de favorecer todo lo que tenga que ver con el turismo», aseguró. Además, Gómez de Lara abogó por el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Vivienda en Andalucía que apueste «por calidad de vida de los ciudadanos y mire por ellos, que en definitiva somos los que habitamos las ciudades».
Juan Carlos Espejo aseguró que la mejora de la situación vendrá cuando se regularice de forma real y tangible todo lo relacionado con los apartamentos turísticos. «Pero nuestra misión debe ser poner el foco en las personas más vulnerables porque son las que más problemas tienen para acceder a un empleo y a una vivienda digna», y pidió la colaboración entre las administraciones implicadas para que tejan un puzzle en el que se puedan generar viviendas como ya hace Prodiversa trabajando codo con codo con la llamada Banca ética, «la única que te da posibilidades de hacer vivienda sin división horizontal», aseguró.
Entre las soluciones que aliviarían la actual situación de la vivienda, el profesor Julián Molina cree que todo pasa por cumplir con los Planes Generales de Ordenación Urbana. «Ni más ni menos que aplicar el PGOU de Málaga y eliminar con carácter retroactivo todas las licencias concedidas ilegalmente que van en contra del PGOU. Si el Ayuntamiento no está dispuesto a hacerlo debe ser la Junta de Andalucía, que tiene competencia para decirle que tiene que aplicar su Plan y esto reduciría brutalmente el número de establecimientos de uso turístico en Málaga».